El Consell de Ibiza ha alertado a los taxistas mediante una carta que las autorizaciones de VTC otorgadas a una empresa mallorquina no pueden operar de forma ilimitada en la isla de Ibiza

El Consell de Ibiza ha enviado una carta a la Federación de las Asociaciones de Taxi de la isla de Ibiza para aclararles el alcance de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que, al parecer, ha adjudicado un total de 700 licencias de vehículo de transporte de pasajeros con conductor (VTC) a una sociedad mercantil con residencia en Mallorca.

En ningún caso la sentencia modifica los ámbitos territoriales de las autorizaciones de VTC de ámbito nacional, que en el caso de Ibiza corresponde adjudicar al Consell. Así, estas 700 licencias están sometidas a las mismas limitacionespara operar que las provenientes de cualquier otra comunidad autónoma.

La consellera de Territorio y Movilidad, Pepa Marí, ha informado al sector del taxi de Ibiza por carta de la situación legal de estas licencias y ha manifestado su sorpresa por la publicación de noticias en medios de comunicación, incluso de ámbito nacional, donde se afirma falsamente que las 700 autorizaciones de la clase VTC y ámbito nacional que por sentencia judicial del Tribunal Supremo han adjudicado a una sociedad mercantil con residencia en la isla de Mallorca podrán prestar servicio sin limitaciones en la resto de islas de la comunidad autónoma y particularmente también para el caso de la isla de Ibiza.

El Consell de Ibiza insiste en que, de acuerdo con el Reglamento de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres, estas 700 licencias tienen la imposibilidad de operar fuera del ámbito de su residencia (la isla de Mallorca en este caso) en un cómputo de más de un 20 por ciento de los servicios en un periodo de tres meses.

Este es el mismo régimen de funcionamiento que se aplica (y que revisan los servicios de inspección de transportes del Consell de Ibiza para combatir incumplimientos dentro de la campaña contra el transporte ilegal) a las autorizaciones de ámbito nacional que se ‘están otorgando por sentencias judiciales en diferentes comunidades autónomas del territorio nacional.